22 de febrero de 2016

Ciudadanos, pobladores, clientes, usuarios

De acuerdo a Chatterjee (2001), lo que distingue a las categorías de población y ciudadanía es la carga ética y normativa de la segunda. Un ciudadano debe participar de las decisiones de gobierno por medio de canales formales e institucionales, para lo cual, se asume, debe estar informado y educado. Es el sujeto ideal de una democracia liberal, quien forma parte de la sociedad civil. Por otro lado, la población no es categoría ética, sino una categoría de gobierno. La población es sobre la cual se aplican políticas públicas, no quienes participan del gobierno formal e institucionalmente.

Si es que uno se quedara en este primer nivel de distinción probablemente tenga la impresión de la existencia de dos grupos: individuos activos, los ciudadanos, y otros pasivos, los pobladores. Sin embargo, hay que hacer dos observaciones. Primero, los pobladores (los “no ciudadanos”) participan de acciones de gobierno mediante mecanismos que, desde una perspectiva normativa, son calificados como informales, por fuera de canales institucionales tradicionales (Chatterjee coloca de ejemplo negociaciones individuales para la expropiación de terrenos en lugar de aplicar un procedimiento de tasación a precios de mercado). La diferencia no es que unos sean activos y los otros no, sino que son activos mediante mecanismos distintos.

Segundo, y más importante, realmente todos somos pobladores, o para ser más precisos, todos somos población. El hecho de que la categoría de población se refiera al conjunto de sujetos dentro de un territorio sobre los cuales el Estado efectivamente aplica determinadas acciones la convierte en una categoría actual, una categoría que “es” y que “se hace”. En cambio, la categoría de ciudadanía es virtual, está “por ser” constantemente. Siempre debe estar reclamándose y otorgándose en el plano discursivo. Que un sujeto pueda entrar en la categoría de ciudadanía depende de su posición social, así como de los recursos simbólicos y materiales de los que dispone (para poner dos ejemplos fáciles: en el caso de conservadores, ¿quiénes logran ser considerados “ciudadanos ilustres”? Y en el caso de los progresistas, ¿quiénes logran ser considerados “miembros de la sociedad civil”?). Una vez que uno “está siendo” ciudadano puede acceder a determinados beneficios.

No obstante, existen dos discursos que se quedan en el primer nivel de distinción que vimos al principio. Primero está el discurso conservador utilizado por medios de derecha. En este discurso la distinción entre población y ciudadanos es una estrategia implícita: se utiliza la categoría poblador para referirse a sectores que deben someterse a un orden, ya sea porque son objeto de una acción de gobierno (p.e. “pobladores reciben beneficio de programa social”) o porque se rehúsan a serlo (p.e. “pobladores rechazan proyectos extractivos”). Por otro lado, se reserva la categoría ciudadano para sectores que se suponen involucrados en decisiones de gobierno o que al menos deberían estarlo (p.e. “ciudadanía hará sentir su voz en las urnas”).

En segundo lugar, está el discurso progresista que responde al discurso conservador. Aquí la estrategia es explícita. Este discurso reclama que los pobladores también son (y/o sean tratados como) ciudadanos; no obstante, al hacer este reclamo aceptan la diferenciación entre ciudadanía y población planteada por el discurso conservador (p.e. “no son pobladores, son ciudadanos, también tienen derechos”). Lo problemático de este discurso es que acepta las definiciones de las categorías tal y como son planteadas por el discurso conservador al que se oponen: pobladores son pasivos/reactivos, mientras que los ciudadanos son los sujetos que se encuentran en una categoría ética superior. Esto tiene como consecuencia el mantenimiento de la división entre sectores que supuestamente se oponen a los conservadores dominantes (clases populares y élites progresistas), lo cual finalmente posibilita que se mantenga el orden actual.

***
El neoliberalismo ha cambiado la lógica de cómo es que alguien es incluido en el sistema imperante. Si anteriormente uno era incluido a través de la aplicación de acciones del Estado (lógica de la categoría de población) o a través de la participación en decisiones de gobierno (lógica de la categoría de ciudadanía), en la actualidad, en el contexto del (auto)debilitamiento del Estado, uno es incluido en el sistema a través del consumo, es decir, a partir de la relación cliente-empresa en lugar de la relación poblador/ciudadano-Estado.

Con esto no digo nada nuevo, pero quisiera llamar la atención sobre algo que está ocurriendo. La automatización de los procesos ha resultado en la transferencia de carga de trabajo en el cliente, a quien progresivamente se hace referencia como usuario. La categoría de usuario tiene una carga semántica distinta a la de cliente: un cliente es atendido, un usuario, valga la redundancia, simplemente usa. En una relación de cliente-empresa uno, en tanto cliente, puede esperar la atención por parte de personal de la empresa. En cambio, si uno es considerado usuario, la relación se vuelve más impersonal y no se da tanto con integrantes de la empresa, sino con sistemas operativos a través de interfaces.

Si bien no de la misma manera, observo una tendencia similar en la relación poblador/ciudadano-Estado. Procesos como el empadronamiento por demanda del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) trasladan carga de trabajo al poblador/ciudadano, ahora llamado usuario, en este caso de programas sociales. (Resumiendo y simplificando el proceso: en caso un poblador/ciudadano requiera ser clasificado o reclasificado socioeconómicamente para acceder a los beneficios de un programa social, es él mismo quien debe acercarse a la municipalidad para ser clasificado o reclasificado, en algunas ocasiones llegando a tener que movilizarse hasta la capital para ser clasificado o reclasificado de manera tal que puedan acceder a un programa social).

Si bien es cierto que hay contextos en los que trasladar carga de trabajo al poblador/ciudadano es comprensible teniendo en cuenta la capacidad estatal y los recursos de los individuos, por otro lado, cabe detenerse a considerar hasta qué punto el traslado de carga de trabajo del Estado a individuos es conveniente para precisamente cumplir funciones estatales (p.e. no es lo mismo trasladar carga de trabajo de un sistema de registro de tributación electrónica a usuarios de grandes ciudades que trasladar carga de trabajo de un sistema de clasificación socioeconómica a usuarios rurales en situación de pobreza). Después de todo, ¿quién no quiere ser parte de una población bien administrada?

No hay comentarios:

Publicar un comentario